Motivación de las Resoluciones “in aliunde“

¿Qué es la motivación de las resoluciones in aliunde?

Se trata en la práctica Administrativa y más concretamente en materia de urbanismo de una manera muy común de motivar las resoluciones que consiste en hacer referencia a informes o dictámenes, cuando estos figuren en el expediente administrativo tramitado para adoptar la resolución. También conocida como por remisión a la técnica, tiene cierta tradición en nuestro ordenamiento.

La motivación in aliunde permite a la Administración justificar sus decisiones mediante la remisión a documentos que ya forman parte del expediente administrativo, sin necesidad de reproducir todos sus argumentos en el texto de la resolución. De esta manera, los informes técnicos o jurídicos pueden servir para explicar las razones que han llevado a adoptar una determinada decisión.

Esta técnica tiene especial importancia en ámbitos como el urbanismo, donde las resoluciones administrativas suelen apoyarse en informes elaborados por técnicos municipales o por otros órganos competentes.

¿Qué establece la legislación sobre la motivación de las resoluciones «in aliunde»? 

La regulación general de la motivación de los actos administrativos se encuentra en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En concreto, el artículo 35 establece los supuestos en los que los actos administrativos deben estar motivados, incluyendo aquellos que limitan derechos o intereses legítimos, resuelven procedimientos de revisión o recursos administrativos o se dictan en ejercicio de potestades discrecionales, entre otros.

Por su parte, el artículo 88.6 de esta misma ley contempla expresamente que la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma.

Requisitos para que la motivación de resoluciones «in aliunde» sea válida.

Para que la Administración pueda justificar una resolución mediante la remisión a informes o dictámenes, no basta con hacer una referencia genérica a su existencia. Es necesario que se cumplan determinadas condiciones que permitan al interesado conocer realmente las razones de la decisión.

1. Los informes deben de formar parte del expediente administrativo.

En primer lugar, los informes o dictámenes utilizados para justificar la resolución deben constar en el expediente administrativo correspondiente. Es decir, deben formar parte de la documentación que se ha tenido en cuenta durante la tramitación del procedimiento.

Además, la resolución debe permitir identificar los documentos en los que se fundamenta, de forma que el interesado pueda conocer qué argumentos técnicos o jurídicos ha tenido en cuenta la Administración para adoptar su decisión.

2. El interesado debe tener acceso a los documentos.

El segundo requisito consiste en garantizar que el destinatario de la resolución haya podido acceder al expediente administrativo y conocer el contenido de los informes o dictámenes utilizados para justificar la decisión.

Este acceso resulta fundamental para evitar situaciones de indefensión, ya que permite al ciudadano comprender los motivos de la actuación administrativa y preparar, en su caso, los argumentos necesarios para defender sus derechos o recurrir la resolución.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la motivación «in aliunde»